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¿Colisión de derechos fundamentales? Movilidad y protesta.

“El Estado no está llamado, como lamentablemente creen muchos, solo a garantizar los derechos de las mayorías”.

Por: Pablo Durán*

Es falso que los artículos constitucionales que protegen la libertad de locomoción o movilizarse, artículo 24, y el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, artículo 37, entren en conflicto por cuenta de las protestas que se han venido presentando desde el pasado mes de noviembre. Las garantías consagradas en las normas citadas son la materialización de un derecho inherente a la naturaleza humana: la libertad. Cualquier interpretación que se haga de ambas disposiciones y su supuesta colisión debe hacerse tomando en consideración el objetivo que persiguen y su desarrollo normativo en otras leyes. 

Hace un par de días, en una de las interesantes discusiones de naturaleza política y jurídica en las que me he involucrado por cuenta de las protestas y marchas que se han venido desarrollando en Colombia, un colega sostenía que “el derecho al paro no existe”, y que la Constitución Política de Colombia, a través de su artículo 37, estrictamente garantiza el derecho que le asiste a los colombianos de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. La interpretación del texto legal que hacia el jurista se basaba en una lectura textual de la norma y llevaba a concluir que la garantía constitucional mencionada no era más que el derecho a protestar de manera casi que privada.

Sostenía también el abogado que el artículo 24 de la Constitución se debía confrontar con el artículo 37 de la misma norma y que, ante una eventual colisión de derechos de rango constitucional, era preciso establecer cuál de los dos artículos tenia más “seguidores” para así protegerlo más energéticamente.  Implícitamente proponía que cuando se presenta un conflicto entre normas se debe celebrar una especie de plebiscito para determinar qué derecho debe ser protegido de manera preferente por las autoridades.

Vale recordar que tanto los artículos 24 y 37 de la Constitución no obtienen su carácter fundamental simplemente por su ubicación dentro del texto legal, sino por ser una manifestación del derecho humano a la libertad. El primero, al de la libertad de movimiento, y, el segundo, a una extensión de los derechos a la libertad de expresión y de conciencia.

Es importante indicar que el mecanismo idóneo para defender derechos fundamentales en Colombia es la Acción de Tutela, que se encuentra establecida en el artículo 86 de la Constitución. Adicionalmente es pertinente señalar que los artículos 53 y subsiguientes del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) avalan y reglamentan la utilización de espacios públicos para realizar reuniones y manifestaciones públicas y pacíficas estableciendo que es deber de las autoridades administrativas permitir la utilización de carreteras, vías, y caminos, para la realización de protestas, y que cualquier negativa del ejecutivo para autorizar esta prerrogativa debe ser motivada con el fin de determinar la legalidad de la decisión.

Corte constitucional.

De acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho fundamental a la libre circulación concierne al paso de todo colombiano por las vías y lugares de uso público, además de otras prerrogativas como la de entrar y salir del territorio nacional y la de residenciarse en el país. El mencionado derecho no es ilimitado, puesto que se ve restringido, entre otros derechos, por el de la propiedad privada que también está garantizado en la Constitución. Añade la Corte que el derecho a la circulación no tendrá restricciones salvo que dichas restricciones se encuentren establecidas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, o los derechos y libertades de terceros.

Una simple interpretación integral de las normas constitucionales y legales que se han señalado permite indicar que el desarrollo de una protesta ciudadana cuando se ejerce bajo los presupuestos establecidos en la Constitución y el Código de Seguridad y Convivencia, es decir, de manera pacífica y coordinada con el ejecutivo, jamás constituye una violación del derecho a la libre locomoción.

Es apropiado resaltar que la Corte Constitucional también ha manifestado de manera expresa que el texto constitucional excluye como parte de la libertad de expresión las manifestaciones violentas o de objetos ilícitos. En este sentido, la fuerza pública está llamada a disolver cualquier protesta violenta o que no se encuentre autorizada por el ejecutivo.

La interpretación literal y apresurada de la norma lleva a conclusiones tan salidas de lógica como considerar que el cierre de una calle o avenida para realizar una ciclovía, un evento deportivo o un concierto, o incluso para reparar una calle, podrían catalogarse como una vulneración al artículo 24 de la Constitución.  

En una época de guerra sucia, campañas de desinformación y noticias falsas, es nuestra obligación como profesionales del derecho realizar análisis y pronunciar conceptos ajustados a la normatividad y la jurisprudencia y no a nuestros intereses personales o a los de terceros que pretenden manipular a la opinión publica. Mas aún, son deberes éticos y morales de todo abogado conocer a profundidad la norma antes de emitir juicios y conceptos sobre la misma, y separar claramente posiciones personales de conceptualizaciones jurídicas.

Todo ciudadano respetuoso del estado de derecho debe saber que el ejercicio de la garantía constitucional a la reunión y manifestación pacífica es determinante para la preservación de la democracia participativa y el pluralismo. El Estado no está llamado, como lamentablemente creen muchos, solo a garantizar los derechos de las mayorías sino también, y quizá de manera más decidida, el de las minorías y grupos vulnerables.

*Pablo Durán es Candidato a Doctor en Ciencia Política de Florida International University. En espera de grado de Maestría en Ciencia política de la misma institución, con diploma de estudios en Política Latinoamericana. Abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho administrativo de la Universidad Santo Tomás.

Fuentes:

Sentencias de la Corte Constitucional T-518/92 y C- 009/2018, Artículos 24, 37, 86 Constitución Política de Colombia, y Ley 1801 de 2016.

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