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Congreso inválido

Por: Pablo Andrés Hernández Castilla*

La crisis ocasionada por el COVID-19 no solo puso en alerta los sistemas de salud mundiales sino que ha transformado las relaciones sociales y políticas. En medio de la pandemia, la democracia, los liderazgos locales y la participación ciudadana se han visto amenazados. La actual situación ha llevado a dimensionar nuevas dinámicas dentro del aparato estatal que generan crisis entre las ramas del poder público. Es claro que la pandemia ha trastocado nuestra democracia que ha demostrado tener limitaciones.

Precisamente, el corazón de la democracia contemporánea es el pluralismo que solo el Congreso de la República puede representar. Sin ser la excepción, el Congreso también se vio afectado en su funcionamiento. Al inicio del periodo legislativo se discutía sobre cómo iba a operar, si de manera virtual, semi-presencial o presencial. La discusión se basaba en cuestiones técnicas y legales. Por primera vez en 200 años de República que el Congreso se enfrentaba a estas circunstancias. La ley 5 de 1992, que reglamenta el funcionamiento del congreso, no establece la posibilidad de legislar de manera virtual, dado que sólo es legalmente posible sesionar de manera presencial.

De entrada esta situación ponía en entredicho el cumplimiento de las funciones legislativas. Estas funciones constitucionales se podrían dividir en dos grandes aspectos: elaborar leyes y ejercer control político a altos funcionarios del gobierno.  La modalidad virtual demostró las limitaciones del Congreso en ejercer correctamente estas funciones. Con la entrada en vigencia del estado de emergencia, el Congreso quedó inválido y cualquier decisión que pretendiera tomar por sus medios sería un fracaso.

El estado de emergencia faculta al Gobierno Nacional para expedir decretos. En lo que va corrido de la pandemia, el presidente Iván Duque ha expedido alrededor de 170. Algunos de ellos en el marco de la emergencia económica, otros, por el contrario, se derivan de sus facultades presidenciales ordinarias. Lo anterior, demuestra un debilitamiento del poder legislativo y sus funciones, y una concentración de las funciones del Congreso en el poder ejecutivo, lo que pone en peligro la democracia.

Por otro lado, en las democracias contemporáneas un pilar fundamental es la responsabilidad política. La obligación de cada funcionario del Estado de rendir cuentas de su gestión. En el marco del Estado de emergencia esto ha quedado relegado. Los debates de control político se convirtieron en una conferencia informativa sobre el manejo del gobierno a la pandemia, perdiendo la esencia del ejercicio. La declaración de estado de emergencia ha traído consigo un detrimento no sólo del control político sino también del control constitucional.

Si bien la legislación de excepción es una herramienta prevista en los sistemas democráticos, que en tiempos de crisis es útil, mal utilizada facilita el abuso del poder presidencial. No hay nada más peligroso para una democracia que un ejecutivo dotado de poderes excepcionales. Este tipo de excepcionalidades lleva a los gobiernos a consolidar un estilo de liderazgo basados en el “decisionismo”, donde el gobierno actúa pasándose por alto a las demás ramas del poder político,  y si no se es vigilante, podría convertirse en un peligro inminente para la democracia.

En toda democracia contemporánea el papel del Congreso es primordial. A pesar de tener altos niveles de desfavorabilidad o impopularidad, su labor es fundamental pues garantizan la estabilidad del sistema de pesos y contrapesos. En estos tiempos de “decretitis”, el Congreso no puede descuidar su papel de vigilante de las acciones del ejecutivo.

El golpe a la democracia colombiana no sólo se ve reflejado en la funcionalidad del legislativo o en la figura de separación de poderes, sino también en los liderazgos locales y la participación ciudadana. En el caso de los liderazgos locales, la virtualidad se ha convertido en un impedimento para desarrollar sus actividades comunitarias. Ante esta situación, muchos líderes se vieron restringidos para participar en la construcción de planes de desarrollo.

Es de nuestro conocimiento que en el marco de la emergencia sanitaria se necesitan tomar decisiones audaces que deben ser adoptadas con inmediatez; alguna de ellas, por urgencia se saltan los trámites ordinarios. Sin embargo, en el mediano plazo el Congreso tiene el reto de no abandonar sus principios legislativos, proteger el sistema de contrapesos, ser cauteloso con las decisiones del ejecutivo, y, sobre todo, propender por el menor daño posible a la democracia.

*Pablo Hernández es estudiante de octavo semestre de Ciencia Política. Sus temas de interés son las políticas públicas, la administración pública y los temas de actualidad nacional.

Twitter: @Pablohdz94 Facebook.com/PabloAndresHernández Instagram: @Pablohernandez790

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