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El “tal Paro Agrario” sí sigue

Por: Andrés Felipe Gómez*

Mientras el país se sumía en el caos en medio de las protestas agrarias, el expresidente de Colombia (2010-2018) Santos, en un discurso a los medios expresaba la frase “El tal paro agrario no existe”. De forma peyorativa, el mandatario pretendía callar las voces de miles de campesinos e indígenas inconformes con las medidas que había tomado el gobierno, favoreciendo a las grandes empresas y dejando en “jaque” a los agricultores. Además, en un país donde el 54,2% de los hogares sufren de inseguridad alimentaria, no podemos olvidar las imágenes y videos de agricultores derramando en la carretera los granos de semillas y productos no utilizados en señal de protesta.

Después de varios años, es evidente que el propósito del anterior gobierno se cumplió al desinformar a la ciudadanía minimizando el problema. La mayoría de las personas en la actualidad creen que la protesta agraria tenía sólo el fin de demostrar el descontento de una clase con los Tratados de Libre Comercio (TLC), que no permitían competencia eficaz para los pequeños agricultores del país. Así, aunque este fue el detonante, es menester explicar con detalle: ¿qué sucedió? ¿Por qué tanto descontento? ¿Qué tiene que ver las compañías extranjeras con la propiedad intelectual? Así, entenderemos el por qué nos debe importar tanto a la población rural como a la urbana, que el paro agrario siga.

Para empezar esta fatídica historia, iniciamos explicando una de las costumbres ancestrales de nuestros campesinos e indígenas que representaremos en un campesino llamado “Don Armando”. Después de cada cosecha “Don Armando”, con mucho esfuerzo, selecciona las mejores semillas de su colecta para resembrar la próxima temporada o intercambiar con otros agricultores vecinos. Sin embargo, después de tener problemas con algunas hierbas, hongos y otras pestes que arruinaban su cultivo, decide comprar las nuevas semillas de la tienda del pueblo, que disminuyen el problema, y que pertenecen a grandes compañías (Monsanto, Dupont y Syngenta), quienes controlan el 82% de semillas en el mundo y el 47% de su comercio.

Al final de su cosecha, “Don Armando” recibe una advertencia del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) diciéndole que, si decide practicar sus costumbres, de resembrar e intercambiar con esta semilla, podría tener problemas legales, incluso podría a la cárcel. El ICA sustenta esta advertencia porque el TLC recientemente negociado por el gobierno colombiano, prohíbe estas practicas a fin de ejercer control con el uso de las semillas alteradas genéticamente.

Como se podrá imaginar, esta noticia no sólo llego a nuestro personaje “Don Armando”, sino a muchos campesinos e indígenas en el país. Así, se inició la criminalización de miles de agricultores que con mucho esfuerzo recolectaron lo mejor de sus semillas en la temporada. De este modo, muchos campesinos e indígenas decidieron salir a protestar por los acuerdos injustos del gobierno y las resoluciones del ICA, que cada vez exige más control sobre la propiedad intelectual de las variedades vegetales.

Se debe entender que las empresas invierten grandes cantidades de dinero en investigación, alterando genéticamente las semillas de maíz, arroz o frijol, para que sean resistentes a las hierbas y plagas que arruinan cultivos. Después, estas venden sus semillas a los agricultores para la siembra, sin embargo, estos no tienen el derecho de utilizarlas y reutilizarlas en los cultivos que ellos deseen. Según esto, cada vez que termina una nueva temporada, los agricultores deben ir de nuevo a la tienda del pueblo para comprar un nuevo bulto de semillas. Esto muestra un negocio para pocas empresas y la ruina para todos los campesinos e indígenas del país.

Al final, ¿Qué respondió el gobierno? Además de negar la existencia del problema y minimizarlo para que nadie lo entendiera, buscó que el ICA tuviera nuevos poderes para ejercer el “debido control” de las semillas registradas a través de las autoridades civiles y militares. En contundencia, este es un fenómeno de servilismo de Estado que se repite constantemente en la historia colombiana. Debido a esto, se generaron muchas protestas y críticas al gobierno por lo ineficaz al manejar este problema que merecía una debida negociación entre las comunidades, el Estado y las empresas que en la actualidad no se ha logrado.

Mi opinión radica en la necesidad de promover redes de alianza de agricultores que promuevan una negociación de manera efectiva. Es necesario protestar en contra de estas políticas de servilismo de Estado demandando un conducto justo y regular. Por otro lado, es importante que las grandes empresas tengan en cuenta la tradición ancestral de los agricultores, valorando el esfuerzo del trabajo al recolectar las mejores semillas y respetando el derecho al trabajo. Por último, esto no es un problema que sólo compete a las comunidades agrarias, se trata de un tema de soberanía alimentaria en el país que incita a que el paro agrario siga.

*Andrés Felipe Gómez es un estudiante de séptimo semestre del Programa de Ciencias Políticas en la universidad Pontificia Bolivariana que se especializa en temas de Seguridad, Crimen Organizado, Gobierno Nacional y Relaciones Internacionales.

Twitter: @AndrsFe27355502

Instagram: @felipegomezf/

Referencias

https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-paro-nacional-agrario-no-existe/355264-3 https://caracol.com.co/radio/2019/10/16/nacional/1571254544_814084.html

https://www.semillas.org.co/es/las-leyes-que-privatizan-controlan-el-uso-de-las-semillas-y-criminalizan-las-semillas-criollas#:~:text=Contexto-,Las%20leyes%20que%20privatizan%2C%20controlan%20el%20uso%20de%20las,y%20criminalizan%20las%20semillas%20criollas&text=Esta%20norma%20penaliza%20el%20uso,utilicen%20semillas%20registradas%20y%20certificadas.

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