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La implementación de tres políticas públicas que responderían a las demandas sociales del Paro Nacional.

“Es importante definir acciones concretas en materia de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

Por: Ángel Tuirán*

Tras varias semanas de diferentes manifestaciones y movilizaciones a lo largo y ancho del país, derivadas del llamado a un Paro Nacional, hemos visto surgir a una ciudadanía más consciente y activa, a pesar de la represión y violencia que se ha presentado en algunos momentos. Por lo anterior, vale la pena preguntarse cómo debemos traducir el alto número de demandas ciudadanas en decisiones de política pública que sean efectivas, puedan implementarse y respondan ante las necesidades colectivas.

Del pliego de peticiones que se le ha hecho al Gobierno y que el Comité del Paro ha elevado a la mesa de negociaciones se pueden identificar más de 10 posibles políticas públicas que, en caso de resultar efectivas, podrían mejorar, en cierto grado, las condiciones de vida de miles de colombianos.

Antes de entrar en materia, es pertinente aclarar que, por un lado, las peticiones de la ciudadanía no podrían ser resueltas a cabalidad por el gobierno de turno y que en dado caso de ser transformadas en políticas públicas desarrolladas de manera positiva, estas no producirían resultados en el corto plazo. No obstante, por otro lado, el Gobierno tiene la obligación de dar luces y directrices que alineen el camino y que apunten hacia un país más incluyente, menos desigual e inequitativo.

Las políticas públicas pueden ser entendidas como aquellas acciones que realiza un gobierno para responder a las demandas que surgen como resultados de problemas públicos. No obstante, son procesos cíclicos que toman tiempo, diálogo con la ciudadanía y recursos de inversión.

Son tres las políticas públicas que, a nuestro juicio, pueden responder a varias de las demandas ciudadanas y disminuir el generalizado descontento: la primera apunta hacia el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la protección a líderes sociales, la segunda hacia disminuir los índices de desempleo e informalidad en el país y la última hacia la implementación de cambios en algunas secciones del Plan Nacional de Desarrollo, que cabe mencionar, está compuesto por políticas públicas.

1. El cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la protección a líderes sociales

Si bien el desarrollo de lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC necesita la implementación de más de una política pública, es necesaria la acción gubernamental y sobretodo, la voluntad política, para poder responder ante lo pactado. Destinar los recursos necesarios a entidades como la Comisión de la Verdad, garantizar los procesos de reincorporación y protección efectiva de los excombatientes, y el desarrollo de los planes de ordenamiento con enfoque territorial, son ejemplos de las medidas, en materia de política pública, que debe tomar el gobierno.

Así mismo, es importante definir acciones concretas en materia de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estas acciones deben estar consignadas en una política pública y no en resoluciones o decretos que atienden aspectos aislados y no abordan la integralidad del problema. 

2. Disminuir los índices de desempleo e informalidad en el país

Podría decirse que tres de las peticiones (3, 5, y 6) del pliego presentado por el Comité Nacional del Paro apuntan hacia el empleo y las condiciones mínimas para garantizarlo. Dos de las peticiones, por ejemplo, son eliminar el proyecto de Ley por medio del cual se proponía la contratación de jóvenes por horas y derogar la circular emitida por el Ministerio del Trabajo sobre la estabilidad laboral reforzada. Ambas surgen de la necesidad de crear una política pública nacional en materia laboral que apunte hacia la generación de empleos dignos para la ciudadanía.

Sobre lo anterior, y de eso se desprende la tercera política pública que se plantea como necesaria de momento en el país, es fundamental que el Gobierno realice un cambio en su percepción del empleo y la generación de este. También es necesario que cambie la lógica de beneficiar a las empresas con exenciones tributarias bajo el argumento de que esto incentivará la generación de empleo. En el estudio de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia (2019), sobre La dinámica de las desigualdades en Colombia, los investigadores demuestran el altísimo grado de concentración de la riqueza en cabeza de las empresas. Es fundamental que el gobierno ejerza un verdadero control sobre los beneficios tributarios que entrega y que, además, le exija a todas las empresas que cumplan con los derechos de los trabajadores; entre estos, el de garantizar pensiones dignas .

3. Cambios en el Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo debe cambiar su enfoque para apuntar, como se dijo al principio, a reducir las brechas de desigualdad entre los colombianos y a ser más incluyente. Las peticiones 2, 8, 9, 11, 12 y 13 del pliego presentado por el Comité Nacional de Paro dejan ver la necesidad de cerrar brechas y disminuir los niveles de corrupción en las distintas instancias del Estado.

Garantizar, de diferentes formas, el acceso de más jóvenes a la educación superior pública, realizar una reforma integral al ICETEX, destinar más recursos para proteger y garantizar los derechos de la población indígena en el país, disminuir las importaciones de los alimentos que son producidos por los campesinos colombianos y realizar una política que proteja los páramos, y en general, el medio ambiente, son solo ejemplos de políticas públicas que el gobierno puede implementar para cumplir con el fin deseado.

Hasta que el gobierno no empiece a considerar las políticas públicas como herramientas para dar respuestas a demandas de la ciudadanía,  esta seguirá activa en las calles, a través de música, danza y diferentes expresiones artísticas, llamando la atención de la actitud indiferente de las instancias de gobierno, y reclamando sus derechos a través de la protesta, como expresión de acción colectiva.

*Ángel Tuirán Sarmiento es docente Universitario. Abogado de la Universidad del Atlántico, Máster en Administración Pública de la Université Pierre Mèndes France (Francia)y Doctor en Derecho Público de la Universidad Grenoble-Alpes (Francia)

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