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Los 13 puntos por los que luchan en el #ParoNacional

Por: Laura Duarte Bateman*

1. Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República

¿De qué se trata?

En octubre, la Corte Constitucional tumbó la ley de financiamiento que se había aprobado en diciembre de 2018. Consideró inexequible casi la totalidad de los artículos de la Ley por vicios en su trámite. A pesar de las modificaciones realizadas, la reforma tributaria continúa proponiendo beneficios tributarios de 9 billones de pesos para grandes empresas sin que se haya producido un debate técnico al respecto. Al sexto día consecutivo del Paro Nacional, el presidente Iván Duque presentó cuatro ajustes a la última versión de la reforma tributaria que incluían la devolución del IVA para familias vulnerables, 3 días sin IVA al año, la reducción del aporte a salud de pensionados que cotizan con un salario mínimo, y más incentivos a quienes generen empleo para jóvenes en el país. El 3 de diciembre, el Congreso aprobó la reforma tributaria en primer debate. El gobierno tiene plazo hasta el 31 de diciembre para que se apruebe del todo la nueva propuesta.

¿Por qué es importante?

Tal y como se menciona en esta carta redactada por expertos y académicos de las principales universidades del país, y de centros de estudio fiscal, la reforma tributaria le concede aproximadamente 9 billones de pesos en beneficios tributarios a grandes empresas sin justificación ni debate técnico al respecto. Las exenciones que otorgarían a grandes empresas equivalen a más del doble de la financiación destinada a la universidad pública. Esta medida, además de reducir el recaudo fiscal considerablemente, dificulta la labor de supervisión de la DIAN y le quita capacidad al Gobierno para negociar a futuro con grupos empresariales que ya son favorecidos. En general, la reforma beneficia al sector empresarial, pero hace muy poco para favorecer a la población general.

2. Derogatoria inmediata del Decreto 2111 de 2019, por el cual se crea el Holding Financiero

¿De qué se trata?

Una de las exigencias iniciales del paro era frenar el Holding Financiero que estaba ad portas de implementarse. Sin embargo, el 24 de noviembre, durante el cuarto día consecutivo del paro nacional, el Presidente Iván Duque aprobó esta iniciativa mediante el decreto 2111 de 2019. A través del Holding Financiero, conocido como “Grupo Bicentenario”, un número aún por confirmar de empresas estatales dejarán de ser controladas directamente por el Estado y pasarán a aportar al mercado de capitales, compitiendo al mismo nivel que conglomerados del sector privado. 

¿Por qué es importante?

Mediante el Holding Financiero el Estado perderá el control directo de las empresas. Para algunos analistas, lo anterior, sumado a la modificación de la denominación de las empresas a un régimen especial regido por el derecho privado, puede resultar en la privatización de las entidades en cuestión. De igual manera, existe una preocupación entorno a un posible recorte de personal como consecuencia de la unificación de las empresas. Por su lado, el Gobierno ha expresado que el holding financiero no resultará en recorte de personal ni se creó con la intención de remitir dineros al sector privado.

3. Derogatoria de la Circular No. 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada.

¿De qué se trata?

La circular 049 del 1 de agosto de 2019 dicta los criterios que deben seguir los inspectores de trabajo para rechazar o autorizar el despido a personas con discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud.

¿Por qué es importante?

La circular genera preocupación, pues facilita el despido de trabajadores que se encuentran en condición de discapacidad o de debilidad manifiesta por razones de salud. Según el Ministerio de Trabajo, regular el proceso de despido incentivará a que más empresarios contraten a personas enfermas o en estado de discapacidad porque sabrán qué proceso seguir en caso de querer despedirlos. Bajo un escenario laboral como el colombiano, una política que incentive el despido de poblaciones vulnerables puede generar más inestabilidad en un escenario que ya está debilitado.

4. Disolución del ESMAD y depuración de la Policía Nacional, responsables de la muerte de Dilan Cruz.

¿De qué se trata?

El Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, fue creado en 1999 por el Presidente Andrés Pastrana. Cuesta alrededor de 490.000 millones de pesos anuales, es decir, requiere de cerca de 1.340 millones de pesos diarios para garantizar el funcionamiento de sus diferentes escuadrones. Recomendamos esta infografía de Pacifista! al respecto.

Durante estos veinte años, el ESMAD ha asesinado a 34 personas. La última víctima fue Dilan Torres, un estudiante que hacía parte de las manifestaciones del 23 de noviembre y recibió un disparo directo a la cabeza por parte de un agente del escuadrón. La herida le provocó un trauma craneoencefálico que le causó la muerte tres días después. La disolución del ESMAD y la depuración de la Policía Nacional entraron en las exigencias del Comité del Paro a raíz de este doloroso suceso, y como homenaje a Dilan y a otras víctimas.

¿Por qué es importante?

La Ministra del Interior calificó el asesinato de Dilan como un accidente, pero existen pruebas de que el ESMAD no siguió los protocolos requeridos para intervenir en la manifestación en la que fue asesinado Dilan Cruz. Recomendamos este artículo donde se plantean preguntas concretas en torno a las irregularidades frente a este suceso.

Hay quienes denuncian haber sido detenidos arbitrariamente por agentes del ESMAD sin explicación alguna durante estas manifestaciones. En ocasiones, el escuadrón hace pasar a los detenidos por estudiantes así no lo sean. Se puede conocer más sobre estas denuncias en este artículo, donde algunos detenidos plantean la posibilidad de que los agentes deban cumplir con cuota de detenidos. Otras denuncias giran en torno a las exigencias por parte de policías para revisar los celulares de transeúntes y saber de esta manera si están apoyando el Paro Nacional.

El Comité del Paro Nacional reconoce que no todos los miembros de la fuerza pública abusan de su poder y por esta razón sugieren la depuración de la Policía.

5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la Reforma al Sistema de Pensiones.

¿De qué se trata?

El sistema pensional en Colombia, que permite la competencia entre los regímenes público y privado, ha resultado insostenible, pues el Régimen de Prima Media soporta la mayor carga de reconocimiento de prestaciones, pero solo tiene 2,2 millones y medio de afiliados cotizantes. Mientras tanto, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad cuenta con 6,2 millones de afiliados cotizantes.

En octubre se filtró la supuesta reforma pensional que propondría el Gobierno tras las elecciones regionales. Dos de las proposiciones causaron polémica:

1. Los aportes a pensión de los trabajadores, tanto empleados como independientes, pasarían del 16% al 20% de forma gradual.

2. Se buscaría acabar con el Régimen de Prima Media. Colpensiones pasaría a operar en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), tal como funcionan los fondos privados.

Tras la filtración de lo que sería la reforma al Sistema Pensional, el Gobierno salió a desmentir la supuesta reforma. Sin embargo, en repetidas ocasiones el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sostenido que acabar con la Prima Media es necesario para poder financiar la jubilación de toda la población. El presidente Duque, por su lado, no considera que la medida sea necesaria. Por el momento no hay consenso en el gobierno frente a cómo abordar la reforma al Sistema de Pensiones.

¿Por qué es importante?

Respecto a la primera medida, un aporte del 20% del salario a la pensión resulta insostenible en un país donde el salario mínimo ni siquiera alcanza para satisfacer las necesidades básicas de los colombianos. Por otro lado, Iván Daniel Jaramillo, miembro del Observatorio Laboral, plantea en este artículo que acabar con el Régimen de Prima Media implicaría ir en contra de los “principios de solidaridad, universalidad, y eficiencia del derecho a la seguridad social prometidos en la Constitución Política”.

Según el informe técnico de 2018 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el 60% de los países que privatizaron sus sistema de pensiones tuvieron que revertir la decisión. La experiencia de otros países que han privatizado su sistema de pensiones demuestra que acabar con el Régimen de Prima Media no resulta beneficioso para la sociedad ni para la economía.

6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240, y 242 del Plan Nacional de Desarrollo.

¿De qué se trata?

Por el momento no existe ninguna reforma laboral por parte del Gobierno. Sin embargo, sí existe un proyecto de ley radicado por el expresidente y senador Álvaro Uribe que propone modificaciones sustanciales en el ámbito laboral.

Desde el Paro Nacional se rechaza el proyecto de ley 212 de 2019, pues incentiva a que los estudiantes entre 18-28 años, las mujeres mayores a 57 años, y los hombres mayores a 62 años, sean contratados por horas. El 26 de noviembre, durante el sexto día consecutivo del Paro Nacional, Álvaro Uribe retiró el artículo 6 del proyecto de ley, que se refiere específicamente a lo previamente mencionado. El Comité del Paro busca que se retire todo el proyecto de ley 212 así como los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo, que giran en torno a modificaciones en el ámbito laboral y cambian las modalidades de trabajo sustancialmente. 

¿Por qué es importante?

La reforma laboral y los artículos previamente mencionados implican cambios que pueden resultar perjudiciales para los trabajadores. En vez de proponer reformas que mejoren las condiciones laborales, se están incentivando modalidades de trabajo que conllevan a condiciones precarias. Por ejemplo, a través del artículo 193, un trabajador de tiempo parcial no aporta al sistema de seguridad social sino a los Beneficios Económicos Periódicos. El empresariado se beneficia más contratando a un mayor número trabajadores de medio tiempo, en vez de pocos de tiempo completo. Lo anterior, contribuye a una mayor inestabilidad laboral para más personas en el país.

Recomendamos este artículo para conocer más de los cambios laborales que resultan del Plan Nacional de Desarrollo.

7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independiente de su participación accionaria.

¿De qué se trata?

En enero de 2019 el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, planteó vender el 8,5% de Ecopetrol para tapar el hueco presupuestal. Por su lado, la Ministra de Energía, María Fernanda Suárez, le explicó a El Espectador que siempre se contemplan, dentro de los planes de financiamiento, alternativas para vender participaciones accionarias para responder a las necesidades fiscales.

No es la primera vez que un gobierno considera privatizar o enajenar sus bienes con el fin de tapar un hueco presupuestal. Sin embargo, esta medida siempre causa preocupación pues le otorga más poder al sector privado y le quita fuerza al sector público.

¿Por qué es importante?

Las decisiones que ha tomado el gobierno respecto a la reforma tributaria, la creación del Holding Financiero, y la posible venta del 8,5% de Ecopetrol muestran que el gobierno busca el fortalecimiento del sector privado a costa del debilitamiento del sector público.

8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y el cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, FECODE, sectores campesinos y agrarios.

¿De qué se trata?

El anterior y el actual gobierno han llegado a acuerdos con estudiantes, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, FECODE, sectores campesinos y agrarios que según el Comité de Paro no se han cumplido. A continuación, revisaremos los incumplimientos puntuales en torno a lo acordado con los estudiantes y los indígenas.

Por su lado, los estudiantes piden que se cumplan dos de los puntos pactados en 2018 y que según ellos no se están respetando:El presupuesto destinado a la educación: según el acuerdo entre el Gobierno y los estudiantes, la educación superior recibiría financiación del dinero que quedara del presupuesto anual. El año pasado quedaron $5.2 billones. 1,3 se destinaron para pagar deudas. De los 3,9 sobrantes, el gobierno acordó separar hasta 300 mil millones para la educación superior pública. Sin embargo, solo se destinaron 78,500 millones para 2020, aproximadamente una cuarta parte del dinero que se suponía estaba disponible para la educación.

1. La reforma integral del ICETEX: Se busca una reforma integral de la entidad. Según los estudiantes, este punto, además de no haberse implementado aún, corre peligro con la aprobación del Holding Financiero, del que se espera el Icetex haga parte.

2. Adicionalmente, los estudiantes piden enfáticamente que se respete su derecho a la protesta y que el Estado brinde las garantías necesarias para protestar sin poner en juego la vida o integridad de los manifestantes.

Mediante este comunicado, la Mesa Permanente de Concertación Indígena, MPC, dio a conocer sus razones para participar en el Paro Nacional. Según la MPC, el incumplimiento de los acuerdos de paz ha resultado en el asesinato de 134 comuneros indígenas entre el 7 de agosto de 2018 y el 5 de noviembre de este año. La MPC pide que el Estado garantice sus derechos humanos e incremente el presupuesto otorgado para la reparación de víctimas del conflicto y que ha sido reducido para las poblaciones vulnerables.

Según la Contraloría, “entre 2018 y 2019 los recursos dirigidos a las comunidades étnicas han disminuido, en el caso de los pueblos indígenas correspondió a un 34%; en un 25% para comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y en un 43% para el pueblo Rrom, lo que indica un retroceso en las acciones con enfoque diferencial que afecta el seguimiento específico de los recursos”.

¿Por qué es importante?

Lo que el Comité de El Paro ha llamado El “paquetazo de Duque”, y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, vulneran los derechos de estudiantes, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, FECODE, sectores campesinos y agrarios. Por lo tanto, es importante que el Gobierno respete lo previamente acordado con estas organizaciones y que se tomen medidas para garantizar la implementación de lo pactado.

9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.

De qué se trata?

Mediante un comunicado publicado en este periódico local de Boyacá, el sector agropecuario formalizó su participación el el Paro Nacional con 10 exigencias concretas:

1. Precios remunerativos y estables para la producción agropecuaria nacional

2. Solución al problema de las deudas de los productores del agro

3. Créditos de fomento oportunos y con intereses bien baratos

4. Rebaja en el precio de abonos

5. Asistencia técnica gratuita y de calidad

6. Construcción de distritos de riego y control de aguas

7. Construcción de infraestructura y mantenimiento de vías terciarias

8. Solución a la problemática creada por la Ley de Páramos

9. No más importaciones de los alimentos que podemos producir

10. Revisión de los Tratados de Libre Comercio, TLC

¿Por qué es importante?

El sector agropecuario en Colombia es uno de los más perjudicados por las políticas de apertura económica implementadas por los gobiernos neoliberales. En esta entrevista, Santiago Tobón, experto en temas de desarrollo rural en Colombia y Latinoamérica, habla del abandono por el campo colombiano, el estancamiento de su productividad por más de dos décadas y la necesidad de fortalecer el sector.

10. El Gobierno abordará con Defendamos La Paz el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en la Habana.

¿De qué se trata?

El gobierno afirma que está comprometido con los acuerdos de paz bajo la premisa “paz con legalidad”. También argumenta que ha cumplido con los puntos respectivos a la reincorporación de los excombatientes y el desarrollo con enfoque territorial de los 16 programas establecidos. Sin embargo, también ha mostrado reparos frente al proceso de paz y por ello el Comité de Paro Nacional pide que la organización Defendamos La Paz acompañe al gobierno en la implementación de los acuerdos.

¿Por qué es importante?

La percepción estrictamente legal del gobierno en torno al proceso de paz preocupa a quienes consideran que no hay un compromiso real para forjar una paz estable y duradera. El corte de presupuesto para la Comisión de la Verdad del 40% antes de que comenzara, el nombramiento de Rubén Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, a pesar de que niega el conflicto armado en el país.

Así mismo, la falta de garantías de seguridad para los excombatientes que están siendo asesinados –en algunos casos, inclusive por el mismo Ejército Nacional– y la falta de una política clara para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, disidencias de las Farc y demás bandas criminales que asesinan a líderes sociales, indígenas y defensores del territorio y el medio ambiente cada día de por medio, son algunas de las razones por las que se solicita del apoyo de Defendamos la Paz para implementar los acuerdos de paz firmados en la Habana.

11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.

¿De qué se trata?

En agosto de 2018 se realizó la Consulta Anticorrupción, una consulta popular que buscaba endurecer las sanciones contra los corruptos en Colombia. Sin embargo, la consulta no pasó el umbral y los siete puntos de la misma quedaron en manos del Congreso y Presidente. El Comité del Paro Nacional busca retomar los puntos de la consulta, en especial:

  • La reducción del salario de los congresistas
  • Las penas de 60 años de prisión para corruptos y que estos no vuelvan a ser contratados por el Estado.

¿Por qué es importante?

En este momento los congresistas ganan 40 salarios mínimos, es decir, 32.7 millones de pesos al mes. El Comité del Paro retoma la Consulta Anticorrupción y busca reducir el salario de los congresistas a la mitad. Mientras se alimentaba el debate sobre la reducción salarial para congresistas, en junio de 2019 Duque firmó el decreto 1265 de 2019 a través del cual hizo lo contrario. Mediante el decreto, le aumentó el salario a los congresistas en 1,400,000 pesos.

Con la intención de ponerle el punto final a los beneficios que reciben algunos corruptos por parte del Estado a pesar de sus delitos, se proponen penas de hasta 60 años de prisión para corruptos y que estos no vuelvan a ser contratados por el Estado. A continuación, presentamos el ejemplo más vigente:

El 12 de julio llegó a Colombia extraditado el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por irregularidades en Agro Ingreso Seguro. Arias intentó buscar asilo político en Estados Unidos por 5 años, sin mayor éxito. Al ser extraditado a Colombia fue trasladado en un vuelo chárter, no en un vuelo con otros extraditados y deportados, como suele suceder. Lo último que se supo es que Arias estaba recluido en la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, en el norte de Bogotá, en una casa que cuenta con cuatro habitaciones, cada una con baño, sala, cama doble y televisión, a pesar de que según el juez de ejecución de penas, debía ser enviado a la cárcel La Picota.

Como si no fuera suficiente, el 3 de diciembre de 2019, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate la ‘Ley Andrés Felipe Arias’, que le permitiría al exministro de Agricultura tener una doble instancia en su proceso penal, pese a que ya fue condenado por la Corte Suprema  de Justicia.

Este tipo de ejemplos causan indignación y reflejan el poco compromiso que tiene el gobierno con acabar con la corrupción en Colombia. A pesar de que el Presidente Duque respaldó la Consulta Anticorrupción, solo incluyó 2 de los 7 puntos de la consulta en su paquete anticorrupción. Aquí puede encontrar los puntos que le faltaron.

12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe.

¿De qué se trata?

En septiembre de 2019 la Contraloría General de la República le imputó responsabilidad fiscal por 187.227 millones de pesos a Electricaribe por el indebido manejo de los recursos del Fondo de Energía Social (Foes). Los fondos de Foes debían ser aplicados al consumo individual de los usuarios, pero fueron aplicados al consumo distribuido comunitario, lo que resultó favoreciendo los ingresos de la empresa y no a los consumidores. El mal manejo del dinero ha causado una crisis en la distribución eléctrica del Caribe.

¿Por qué es importante?

El Plan Nacional de Desarrollo propone tres formas para resolver la crisis eléctrica de la costa: aumentar las tarifas de energía eléctrica para los consumidores, la asunción del pasivo pensional de Electricaribe por el Estado y todos los colombianos, y la segmentación del mercado eléctrico para ponerlo en manos de sectores privados nacionales y extranjeros. Según los comités defensores del patrimonio público de la Región Caribe, estas propuestas agravan la crisis en vez de resolverla. El primer punto, en especial, genera indignación, pues no resulta justo que los consumidores deban asumir una responsabilidad financiera que no les corresponde.

13. Definición de las políticas ambientales, protección de páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

¿De qué se trata?

La deforestación, la protección de especies y la protección de páramos son tres de las razones ambientales detrás del Paro Nacional. 

Deforestación: En 2018, Colombia fue uno de los cinco países con mayor deforestación a nivel mundial. A pesar de ello, el Plan Nacional de Desarrollo no contempla reducir el número de hectáreas de bosque taladas, busca mantener la tasa constante durante los 4 años. Para entonces, se habrían perdido 800.000 hectáreas de bosques, el equivalente a 6 veces el tamaño de Bogotá. Esta decisión va en contra de lo pactado en el Acuerdo de París, que tiene como meta el 0% de deforestación en la Amazonía para 2020. 

Protección de especies: El 25 de octubre, el Ministerio de Agricultura firmó la resolución 350 de 2019, en la que se establecieron las cuotas globales de pesca de diferentes especies para 2020. Se acordó la comercialización de 5.2 toneladas de aleta de la especie Carcharhinus Falciformis, o el tiburón sedoso, una especie sobre la cual debe haber un comercio controlado para evitar que ponga en riesgo su supervivencia. El 30 de noviembre la procuraduría solicitó que se revocara la decisión sobre la caza de tiburones debido a que no existe “información científica suficiente, ni claridad sobre el control que se realizará a los pescadores por parte de las autoridades.”

Protección de los páramos:

Una gran preocupación ambiental en Colombia es el futuro del páramo de Santurbán, debido a dos asuntos:

1. La probabilidad de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vuelva a hacer una delimitación político-minera del páramo. Este tipo de limitación favorece a empresas mineras en vez de favorecer el ecosistema como lo haría una limitación técnico científica. Bajo el gobierno de Santos, se realizó una delimitación político-minera (R2090) que la Corte declaró viciada por vulnerar el derecho a la participación ambiental. El 18 de diciembre de 2019, se cumple el plazo para que el ministerio expida una nueva limitación. Debido a que no ha habido tiempo suficiente para hacer una limitación técnico-científica, existe la preocupación de que se haga una delimitación político-minera nuevamente bajo la administración de Duque, que beneficie los intereses de empresas mineras.

2. El otro riesgo recae en que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible otorgue licencias para la explotación minera en el páramo. El hecho de que Duque nombrara a Alberto Carrasquilla como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc, para que emita un “concepto técnico” sobre la posibilidad de exploración minera en el Páramo de Santurbán, habla de los intereses económicos del gobierno y sus intenciones de explotar el páramo. Carrasquilla, además de no tener los conocimientos para emitir un “concepto técnico” sobre el tema, ha tenido conductas que resultan sospechosas con los recursos públicos y naturales del país. Recomendamos este artículo sobre el escándalo de Carrasquilla y los bonos de agua.

¿Por qué es importante?

La protección del medio ambiente, de nuestras especies y de nuestros páramos, es crucial no solo para Colombia sino para el mundo entero. La deforestación del Amazonas tiene un gran efecto en la crisis climática, una amenaza mundial que se debe revertir de manera urgente. La desaparición de una especie, como puede suceder con el tiburón sedoso si no se limita la comercialización de sus aletas, puede generar cambios en todo el ecosistema. La destrucción de nuestros páramos implica la destrucción de nuestras fuentes de agua que no pueden volver a reactivarse cuando su fuente se agota. La protección del medio ambiente debe trascender los intereses económicos de los gobiernos pues de ella depende la preservación de la especie humana.

*Laura Duarte Bateman es periodista y literata de la Universidad Javeriana. Actualmente vive en San Francisco, California. En Colombia trabajó con “Cine para Sanar”, una campaña de impacto que implementó una metodología de transformación social a través del cine en los sectores más afectados por el conflicto armado. Mediante ‘El Paro Sigue’ busca aumentar las herramientas que los ciudadanos tienen a su disposición para generar conversaciones nutridas en torno al Paro Nacional.

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