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Matrícula cero, educación gratuita y de calidad en medio de la pandemia

Por:  *Manuela Vargas Porra*

Para nadie es un secreto que la educación es uno de los factores más influyentes para el progreso de las sociedades, es la manera de avanzar hacia los ideales de libertad, paz y justicia social. Colombia no debe quedarse atrás en este canal de desarrollo.

La matrícula cero nace del panorama desolador y la falta de recursos que atraviesan los ciudadanos producto de la pandemia derivada por el COVID-19, aquí lo que se busca es garantizar la gratuidad educativa.

Distintas instituciones de educación superior en el país lograron matrícula cero, sin embargo, el presupuesto nacional muestra poca o nula disposición en cuanto a cubrir el costo de las matrículas faltantes. Es por ello que los estudiantes se han movilizado por las calles, las redes sociales, mesas de trabajo con entidades gubernamentales, y plantones pacíficos frente a sus sedes educativas, puesto que es el único mecanismo viable para que el gobierno estatal escuche sus exigencias ante la necesidad de garantías frente a la educación pública nacional.

Una apuesta importante.

Es una apuesta primordial, donde se busca evitar el panorama grisáceo de la deserción estudiantil que se calcula por encima del 40%. Ni el alumnado, ni sus familias, cuentan con el valor para asumir la matrícula, un valor que perfectamente puede costear el Estado porque no estamos hablando de un servicio público sino de un derecho fundamental que está constituido en la Carta Magna del país, y esto, hoy lo realza la crisis sanitaria.

La discusión seguirá en pie hasta demostrar que aún con la realidad fiscal de las entidades territoriales, no podemos retroceder . Que es el gobierno nacional quien tiene el músculo financiero para solventar este gasto. Suficiente con los $150.000.000.000 que se arrebataron a través del decreto 444.

En mi parecer, el gobierno se equivoca seriamente al hacer pronunciamientos indicando que hay una gratuidad o semi-gratuidad y donde no existe una política de tarifas elevadas “que ahogue a la sociedad civil”, cuando existe aún la Ley 30 de 1992 donde establece que la educación superior debe ser servicio cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

Les invito a visibilizar el tema, un asunto legítimo que garantiza un derecho fundamental, y también visibilizar las posibles soluciones qué pueden ser la reorientación del gasto público nacional.

*Manuela Vargas es estudiante de derecho y ciencias política de la Universidad Autónoma de Colombia, actualmente es asesora en la Secretaría de Asuntos políticos y democracia en la organización Aglojoven Colombia, espacio donde se lucha por la transformación de territorios a partir de la acción colectiva y política.

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**Imagen tomada de Canal Institucional TV.

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